Qué es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad

El Fondo de Garantía y Sustentabilidad se creó en 2007 tras la estatización de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).

Los activos del FGS están conformados por inversiones financieras y acciones de empresas líderes. Luego de la estatización, esto pasó a manos del Estado, particularmente a la ANSES.

Mediante el FGS también se otorgan préstamos a provincias y a los jubilados y pensionados.

A fines de noviembre, los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad tenían un valor de U$S 76.000 millones – a tipo de cambio oficial de ese momento – según la ex titular de la ANSES, Fernanda Raverta.

Según la ANSES, estos activos del fondo pueden ser utilizados “para pagar los beneficios del Sistema Integrado Previsional Argentino y para hacer frente a los compromisos asumidos en la Ley 27.260 de Reparación Histórica, invirtiendo en proyectos e instrumentos que promuevan el desarrollo de la economía argentina y del mercado de capitales local de largo plazo”.

El proyecto de la Ley Ómnibus deroga algunos artículos de la ley 24.241 que establecían una serie de limitaciones y prohibiciones a la hora de invertir los fondos jubilatorios, desregulando así el Sistema Nacional de Jubilaciones y Pensiones.

Qué pasará con la deuda del sector público

Dentro de la Ley Ómnibus figura el proyecto “Consolidación de la deuda del sector público nacional”, el cual establece la cancelación total de las deudas intra sector público.

Para esto, “las tenencias de títulos de la deuda pública” tanto del FGS de la ANSES como de demás organismos estatales se consolidarán en el Estado Nacional.

Todos los organismos estatales deberán transferir los títulos públicos que tengan en su poder a una cuenta del Tesoro Nacional, según se explicó en Infobae. Quedarían exceptuados el Banco Central y aquellas entidades bancarias y aseguradoras que tengan participación estatal.

El proyecto de ley prevé que cuando los títulos pasen a manos del Tesoro Nacional sean “cancelados por confusión patrimonial”. De esta forman, dejarán de ser una deuda del Estado con una entidad pública y se consideran saldadas.

Los organismos públicos podrán – durante un plazo de 90 días – “presentarse ante la Oficina Nacional de Presupuesto para manifestar la necesidad de mantener un crédito presupuestario por el equivalente de la deuda nominal a consolidarse”.

Este pedido deberá “fundarse en fines públicos que lo justifiquen” y será analizado por la Jefatura de Gabinete. En caso de que el crédito presupuestario se apruebe, este “se atenderá exclusivamente con los recursos” previstos por el Congreso en la ley de Presupuesto.