Tras el pedido de desafuero de la Justicia, el Senado define el futuro de Edgardo Kueider
Luego de que la jueza Sandra Arroyo Salgado librara un oficio a la Cámara alta, los legisladores debaten la situación del legislador apresado en Paraguay.
En el caso de que ocurra una suspensión, propuesta a la que adhiere el oficialismo junto al PRO y sus aliados provinciales, Kueider no podría ocupar su banca ni tampoco gozaría de su sueldo como senador. Pero la banca seguiría siendo de Kueider. Se estipula que la sanción se extienda hasta, al menos el 1° de marzo, fecha en la que inicia el período de sesiones ordinarias.
Por su parte, Unión por la Patria pretende la destitución, lo que implicaría que el senador sería reemplazado por la segunda en su lista electoral, la peronista Stefanía Cora.
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A la sesión para sancionar a Kueider asistieron 68 de los 72 miembros del Senado y todos votaron a favor en avanzar con el debate. Quedó fuera de la discusión la posible inhabilitación al senador Oscar Parrilli (Unión por la Patria), que fue insinuada por la propia vicepresidenta Victoria Villarruel, en el marco de la investigación por “traición a la patria” tras la rúbrica del memorándum con Irán.
Desafuero de Edgardo Kueider
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado pidió este jueves el desafuero del senador peronista devenido en libertario Edgardo Kueider en un oficio enviado a la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel. Lo hizo en el marco en el marco de la causa contra el legislador entrerriano por enriquecimiento ilícito que tramita en la Justicia Federal de San Isidro y sustentó el pedido en la necesidad de “proceder a su detención por los canales diplomáticos correspondientes”.
Arroyo Salgado no puede solicitar directamente la extradición de Kueider ya que el senador cuenta con los fueros que le otorga su cargo por lo que primero debe ser desaforado por el pleno del cuerpo. Para quitarle los fueros se necesitan los dos tercios de los votos.
De hecho el Senado comenzó a tratar hoy en una sesión especial su eventual expulsión, tal como reclama el kirchnerismo o bien si lo suspende en sus funciones tal como promueven el oficialismo y la oposición dialoguista.
La magistrada también solicitó la detención y extradición de Iara Guinsel Costa, la secretaria que acompañaba a Kueider cuando intentaron entrar a Paraguay desde Brasil con más de 200 mil dólares sin declarar. En este caso Arroyo Salgado pedirá su extradición por la vías diplomáticas correspondientes usuales ya que no cuenta con fueros.
Tanto Kueider como Guinsel Costa Ambos se encuentran bajo prisión domiciliaria detenidos en un departamento de Asunción, mientras la Justicia paraguaya avanza en la investigación en la que están imputados por presunto contrabando. A pedido de los fiscales de Ciudad del Este, el juez Humberto Otazú determinó que deberán permanecer en principio como mínimo hasta el 5 de abril, el plazo dado al Ministerio Público Fiscal paraguayo para concluir la investigación. El pedido de desafuero y la voluntad de la justicia argentina de avanzar con la extradición de ambos podrían sin embargo modificar estos plazos fijados por el juez del país vecino.
La Justicia no puede detener a los legisladores nacionales, allanar sus domicilios o lugares de trabajo, o interceptar sus comunicaciones. Esta inmunidad está garantizada por el artículo 68 de la Constitución Nacional que indica que “ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador”.
En tanto el artículo 69 de la Constitución establece que “ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado; excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva; de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho”.