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Prohíben a 26 barras entrar a estadios tras la represión en la marcha de los jubilados

Editorial , , ,

Todos están imputadas por el delito de “atentado y resistencia a la autoridad”. Trece tienen antecedentes penales.

El Gobierno prohibió el ingreso a las canchas y a cualquier otro evento deportivo a 26 barras bravas que participaron de los incidentes en el Congreso el miércoles pasado durante la marcha de los jubilados. La medida había sido adelantada antes de que sucedieran los violentos episodios.
En la previa a la macha, el Ministerio de Seguridad había lanzado una contundente advertencia hacia los barras bravas que iban a participar de la movilización. Horas antes, el organismo había publicado un comunicado en el que se detallaba que “cualquier persona que incurra en conductas que afecten la seguridad, participando en actos que generen desmanes o disturbios con violencia contra las personas o los bienes, o que realice cualquier acción contraria a la ley, será identificada y detenida”.Asimismo, informaron que se les iba a aplicar una prohibición de ingreso a los estadios de fútbol en cualquier lugar del país y una restricción de concurrencia a cualquier evento deportivo.Dicho y hecho, este lunes, a través de la Resolución 343/2025 publicada en el Boletín Oficial con la firma de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a 26 hinchas se les impuso la “restricción de concurrencia administrativa” a todo evento deportivo en todo el territorio argentino”.

Todos ellos se encuentran imputados por el delito de “atentado y resistencia a la autoridad”. A su vez, se comprobó que 13 de los barras bravas “ya tenía antecedentes penales, pedidos de captura activos y otros impedimentos de ingreso a espectáculos futbolísticos”, indicó la norma.

En la resolución se especifica que se tomó esa decisión “con motivo de los episodios de violencia de público y notorio conocimiento, protagonizados por grupos de personas identificadas en su mayoría con divisas deportivas de clubes de fútbol, en la Plaza del Congreso y sus adyacencias, el 12 de marzo del corriente año”.

El Gobierno expuso que estas personas actuaron “en supuesto apoyo a las reuniones que habitualmente congregan a jubilados y pensionados” y protagonizaron “incidentes que derivaron en la pertinente intervención de efectivos de Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires”.

El texto resalta que gracias a la actuación de las fuerzas de seguridad que aplicaron los protocolos y reglamentos vigentes “lograron reducir y detener a los agresores que produjeron desmanes, arrojaron proyectiles, objetos punzocortantes contra efectivos, personas, bienes de dominio público y privado, vehículos y móviles de las distintas fuerzas apostadas en el lugar, y que además entorpecieron con su accionar violento el tránsito peatonal y vehicular, además de provocar heridas de distinta consideración a 31 efectivos de las fuerzas de seguridad presentes en el operativo de prevención”.

En ese contexto, se decidió “neutralizar e impedir la presencia en el evento de personas que pudieran alterarlo”, aplicando la normativa que regula las competencias específicas de esta Dirección y registrando a esas personas en el Programa Tribuna Segura, “sin perjuicio de otras medidas de carácter penal que pudieren alcanzarles”.