Tras postergar la suba de tarifas, el gobierno estableció la quita progresiva de subsidios a la luz y el gas a partir del próximo mes y se espera un fuerte impacto en las facturas que pagan los usuarios. Eliminó además el tope al impacto de la medida en las facturas.
El objetivo del Gobierno es avanzar “hacia un esquema que permita: trasladar a los usuarios los costos reales de la energía; promover la eficiencia energética y asegurar a los usuarios residenciales vulnerables, el acceso al consumo indispensable de energía eléctrica, gas por redes y gas envasado”.
Para ello se estableció, en el artículo 2 del Decreto “un Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados (‘Período de Transición’), que se extenderá desde el 1º de junio hasta el 30 de noviembre de 2024″. También se prevé que este período de transición podrá ser prorrogado por única vez, por un plazo máximo de 6 meses.
La medida eliminó además los topes al impacto en factura que genere esta decisión y que había sido fijado de acuerdo a un porcentaje del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior. Es decir, ya no habrá techo para el impacto en la factura.
Además faculta a la Secretaría de Energía a fijar topes en los volúmenes de consumo subsidiado para usuarios residenciales, tanto en electricidad como en gas. Estos topes se basarán en criterios como el consumo indispensable y la zona bioambiental, con el objetivo de promover un uso más eficiente de la energía.
Además, se aplicarán descuentos sobre el componente de energía para usuarios residenciales clasificados en los niveles 2 y 3 del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Estos descuentos se calcularán en función de los volúmenes de consumo hasta el límite establecido.
El decreto también contempla la revisión y modificación de los criterios de inclusión en los diferentes niveles de segmentación del RASE, así como la posibilidad de establecer criterios de exclusión basados en indicadores de ingresos.
Crea además un mecanismo de compensación para las licenciatarias o concesionarias de servicios de distribución que experimenten pérdidas debido a la reducción de subsidios durante el período de transición. Esta medida tiene como objetivo proteger la estabilidad financiera de las empresas mientras se lleva a cabo el ajuste del sistema.
Decreto 465/2024: