El Presidente había advertido que “son las cajas negras de la política y que los iba a eliminar”. Finalmente decidió cederle su control al super ministro de Economía.
Y aclaró que “en los casos en los que el H. Congreso de la Nación haya designado como fiduciante a un organismo o repartición específica diferente del Ministerio de Economía, o a un comité de integración plural, con carácter previo al dictado de cualquier instrucción al fiduciario deberá emitir opinión el citado Ministerio”.
En tanto el Ministerio de Economía, con la asistencia de la Sindicatura General de la Nación, “o mediante la contratación de consultores independientes externos de reconocida trayectoria y experiencia, en los términos de la legislación vigente, deberá realizar -dentro del plazo de 60 días a contar desde la fecha de entrada en vigencia de la presente medida- una auditoría integral de gestión de los fondos fiduciarios integrados total o parcialmente con bienes y/o fondos del Estado Nacional”.
Economía tendrá la potestad de efectuar, cuando corresponda, las “adecuaciones contractuales que resulten necesarias con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto”.
Qué es un fideicomiso y por qué los quieren eliminar
Un fideicomiso es un instrumento legal que involucra a tres partes clave: el fideicomitente, el fiduciario y el beneficiario. El primero de ellos transfiere ciertos activos o propiedades al segundo, quien los gestiona, de acuerdo con los términos establecidos en el contrato, para favorecer al último.
En la práctica, los gobernadores y la Nación utilizaron en varias oportunidades este mecanismo legal, que tiene menos controles, para poder avanzar con diferentes proyectos -como obra pública- que no estén contemplados en el presupuesto anual aprobado por el Congreso.
Algunos de los que ya existen son, por ejemplo, los programas de fomento de algunos sectores productivos o incluso el plan “Procrear”, destinado a la construcción de viviendas para los sectores más postergados, entre otros.
A diferencia de las partidas que se encuentran en la ley de Presupuesto, sancionada todos los años por la Cámara de Diputados y el Senado, estos fondos no pueden ser modificados ni destinados a ningún otro objetivo que no sea el que estableció el contrato.
En ese sentido, el dinero en cuestión es gestionado por los funcionarios que son designados para esa tarea, pero que no se tienen que someter a los mismos mecanismos de control que demandan otras formas de financiamiento para garantizar su transparencia.
De esta forma, Caputo se queda con el control de estos fondos. En un principio, el Gobierno estudió la posibilidad de eliminarlos directamente, pero aquí surgió la primera complicación, ya que solamente nueve de estos fideicomisos podían desaparecer a través de la firma de Milei, pero para el resto de ellos se necesita una ley.
En lugar de eliminarlos, Milei optó por cederle su control a Caputo y que Economía tenga el manejo del circuito del dinero en cuestión.
