ECONOMÍA

Los recicladores, en rojo: el kilo de cartón se desplomó y ganan mucho menos

La apertura de importaciones dispuesta por el Gobierno de Javier Milei hundió en un 70% el valor del cartón recuperado. Miles de trabajadores del reciclado ven reducirse sus ingresos mientras el sistema formal se desarma.

La desregulación económica que impulsa el Gobierno de Javier Milei tiene un nuevo efecto colateral sobre los sectores populares: los cartoneros. Desde que en julio del año pasado se abrió la importación de residuos no contaminantes, el precio del cartón que recolectan cayó un 70%. La medida, que buscaba “liberar” el comercio exterior, terminó golpeando a una actividad que representa entre el 60% y el 70% de todo lo que se recupera en las calles. El valor pasó de 300 pesos el kilo a apenas 100, dejando a miles de familias sin sustento suficiente.

Según fuentes del sector, la caída se explica porque los rollos de cartón importados ingresan a precios muy por debajo de los que pueden ofrecer las cooperativas argentinas. En enero de este año, el Gobierno nacional profundizó esa política al habilitar la compra de cartón recuperado en el exterior. A partir de allí, muchas industrias comenzaron a comprar bobinas de papel y cartón fuera del país, lo que derrumbó el precio interno y redujo las compras a los recicladores locales.

En la Argentina se generan unas 45.000 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos, más de 11 millones de toneladas al año, y un consumo per cápita de alrededor de 1,15 kilos por día. En ese escenario, el 64% de la población separa reciclables en sus hogares —en la Ciudad de Buenos Aires la cifra desciende al 56%—, pero la mayoría del material recuperado sigue dependiendo del trabajo de los cartoneros y cartoneras.

Hoy, completar una canasta básica alimentaria implica para los 200 mil cartoneros registrados en la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores recuperar siete veces más materia prima que hace dos años. A eso se suma que cerca de un tercio de las cooperativas cerraron, muchas por no poder sostener los alquileres de galpones ni los costos de traslado.

El golpe más reciente vino del Gobierno porteño, que eliminó el sistema de colectivos que desde hace 18 años trasladaba a los recicladores del conurbano hacia la Ciudad. La administración de Jorge Macri argumentó su decisión en supuestos vínculos entre algunas cooperativas y el dirigente Juan Grabois. Sin embargo, la consecuencia fue inmediata: unos 3.000 recicladores que llegan todos los días desde Villa Fiorito o Ingeniero Budge ahora deben pagar de su bolsillo el transporte, lo que representa cerca del 20% de sus ingresos, mientras el incentivo que abona la Ciudad por su tarea no supera los 390.000 pesos.

Desde Espacio Público justificaron el recorte asegurando que el traslado costaba 6 mil millones de pesos anuales y que esos fondos se destinarán a obras de infraestructura en los centros de reciclaje. Pero la FACCyR advirtió que la medida “pone en riesgo miles de puestos de trabajo” y vuelve “inviable” la continuidad del sistema.

La Federación recordó además que el trabajo de los recuperadores está amparado por la Ley N°992, sancionada en 2002, que permitió organizar el reciclado con inclusión social. Dos décadas después, el panorama es de retroceso: menos ingresos, más precariedad y una política que, bajo el argumento de la libertad económica, deja a los cartoneros con cada vez menos para vivir.