El régimen para los colegios privados con subsidio estatal estaba vigente desde hacía más de 30 años. Ahora podrán aplicar aumentos de manera discrecional y sin control estatal siguiendo “las reglas del mercado”.
Entre los considerandos de la medida, el gobierno libertario advirtió que la norma ahora derogada presentaba “limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos de enseñanza pública de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país”.
El decreto también pone el foco en el derecho de propiedad de los institutos privados, al afirmar que “deberían tener la libertad de fijar sus condiciones de contratación y los salarios de sus empleados, sin necesidad de autorización estatal”. Y advierte que la rigidez de las tarifas impuestas por el Estado “puede llevar a una precarización de la calidad educativa, dado que los establecimientos no pueden responder adecuadamente a las variaciones en los costos de insumos, salarios y otros gastos operativos sin antes contar con autorización de la autoridad correspondiente”.
