A través de la Ley Ómnibus, la actual gestión pretende terminar con el Instituto Nacional de Discriminación e Igualdad creado en julio de 1995.
De acuerdo a lo mencionado en el artículo 2 que dio origen a este organismo, el Instituto fue creado para llevar a cabo “la elaboración de políticas nacionales y medidas concretas para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo, impulsando y llevando a cabo acciones para tal fin”.
Entre sus atribuciones y funciones se cuentan el diseño e impulso de campañas educativas tendientes a la valorización del pluralismo social y cultural; la eliminación de actitudes discriminatorias, xenofóbicas o racistas así como la recepción y centralización de denuncias sobre conductas discriminatorias, entre otras.
Actualmente, la entidad tiene como interventora designada a Greta Pena, abogada, periodista y especialista en políticas públicas de derechos humanos, igualdad y no discriminación.
Esta semana, el Gobierno formalizó el llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional desde ayer -26 de diciembre- hasta el 31 de enero del 2024 para tratar un paquete de iniciativas impulsadas por el oficialismo.