Eduardo Belliboni respondió a la denuncia contra piqueteros
El líder del Polo Obrero puso en duda la veracidad de las denuncias por extorsión, aunque admitió: “No puedo negar que alguna persona que haya hecho eso”.
Según la presentación judicial, en los allanamientos se secuestraron millones de pesos, dólares, celulares, listados y planillas, entre otros elementos probatorios de relevancia. Al respecto, el dirigente piquetero respondió: “Eso tendrá que ser probado en la Justicia. Los allanamientos fueron todos hechos en la ilegalidad, porque se hicieron de noche y apagaron las cámaras de seguridad”.
“Tenemos que ver si las denuncias son reales. Esta cosa empezó el 20 de diciembre, se hicieron casi 10 mil llamadas al 134. En la Ciudad fueron ratificadas 45 de las cuales 12 fueron a tribunales. Vamos a presentarnos y dar el debate. No tenemos acceso a toda la causa, pero vamos a presentarnos, vamos a dar el debate. Hay una persona denunciada que probablemente exista y haya que echar de nuestra organización”, expresó el piquetero.
“Si hay alguna persona que hizo eso nosotros lo vamos a repudiar, lo vamos a echar de la organización y la Justicia lo tendrá que sancionar, porque está mal”, reiteró al respecto en declaraciones a Radio Mitre.
“No puedo negar que haya algún caso de alguna persona que haya hecho eso, puede haber gente que tenga características de amenazar gente”, admitió luego Belliboni en Radio con Vos.
La denuncia a piqueteros por extorsión a beneficiarios de planes sociales para ir a marchas
La Justicia Federal ordenó 27 allanamientos en el marco de una causa que investiga extorsión y coacción a beneficiarios de planes sociales para que participen de marchas y piquetes. Las denuncias fueron recibidas a través de la Línea telefónica 134. Las medidas judiciales apuntan a dirigentes del Polo Obrero, Movimientos Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha.
Los procedimientos se realizaron a partir de testimonios recibidos a través de la Línea 134 habilitada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, para que se denuncien amenazas de los dirigentes piqueteros.
De acuerdo a la pesquisa, los acusados, “habrían exigido coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de ‘dar de baja el plan’, conformando un total de 924 casos”.
Se desprende de las pesquisas que los imputados canalizaron los fondos ilícitos provenientes de las extorsiones a través de “cooperativas”, desconociéndose el destino final de ese dinero, razón por la cual solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de las personas requeridas a efectos de contar con un panorama global de sus patrimonios, para así determinar si obtuvieron un rédito económico como resultado de los hechos de coacción y extorsión investigados.
El Tribunal ordenó el secuestro de los dispositivos electrónicos que les pertenecen a los imputados, ya que la mayoría de coacciones y extorsiones se realizaban por esos medios, así como también planillas o cuadernos de asistencia o de registro de pagos; documentación vinculada a planes sociales, al funcionamiento de cada Unidad de Certificación o con personas jurídicas que funcionen como cooperativas o asociaciones civiles; comprobantes de pago de cápitas, cuotas, alquileres o mercadería; tarjetas bancarias o comprobantes de extracción de dinero en efectivo.