El gobierno de Javier Milei sigue retaceando el pago de los subsidios y desde las empresas de colectivos advirtieron que peligra la continuidad del servicio.
En medio del conflicto por los subsidios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) las empresas de colectivos amenazaron este lunes con reducir, a partir de la próxima semana, las frecuencias durante las noches y los fines de semana.
En un comunicado difundido esta mañana, las empresas advirtieron además que ante la intransigencia del gobierno de Javier Milei “peligra la continuidad del servicio” a partir del próximo mes.
Así lo advirtieron las Cámaras Empresarias de Colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en el comunicado en el que no dudaron en señalar que “corre riesgo la continuidad de los servicios debido a la falta de acuerdo entre las jurisdicciones del AMBA (Nación, CABA y PBA)”.
Y puntualizaron cuatro problemas a resolver y que no están siendo atendidos por el gobierno nacional. En ese sentido remarcaron la necesidad de cobertura de los subsidios a las líneas de la Ciudad de Buenos Aires desde el próximo 1° de septiembre y la cobertura de la Red SUBE para las líneas que no son de Jurisdicción Nacional y recorren el AMBA.
También apuntaron contra la falta de actualización de la Estructura de Costo utilizada para calcular los subsidios y el subreconocimiento en cálculo de subsidios de Costo de Inversión en coches, cuya brecha es mayor al 100%.
Desde las Cámaras Empresarias de Colectivos del AMBA señalaron que frente a esta situación todavía “no hemos logrado comunicaciones eficaces con las autoridades, de manera de prever cómo garantizar los servicios el mes que viene ante eventuales quitas de subsidios que no sean compensadas con tarifa, ante la falta de acuerdo entre ellas”.
Frente a este escenario informaron, que de no mediar una solución “la semana que viene se reducirán los servicios en horarios nocturnos y fines de semana, para evitar una parálisis mayor”.
Desvío hacia DOTA, vinculada al padre de Javier Milei
Las Cámaras Empresarias de Colectivos también apuntaron contra la empresa DOTA, vinculada al padre de Javier Milei. “Agrava el cuadro la irregular distribución de subsidios en favor del Grupo DOTA, en desmedro del resto, al recibir el equivalente a más de 30.000 millones de pesos de fondos públicos de manera indebida desde 2022“, apuntaron los empresarios dejando en evidencia los beneficios que dispensa el gobierno de Milei a la empresa estrechamente vinculada a su padre.
“Esta situación, derivada de una poco transparente distribución de subsidios al gasoil entre todos operadores, y que beneficia a ese grupo, ya ha sido advertida por las actuales autoridades que heredaron este tema que empezó hace más de 2 años”, remarcaron.
Y agregaron: “Si bien existe el compromiso de que se corregirá a través de la orientación del subsidio a la demanda, el daño producido contribuye a agravar la crisis del sector, hasta tanto tal irregularidad sea corregida”.
El comunicado fue firmado por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA).
Colectivos: menos frecuencia
En el comunicado las empresas advirtieron que “ya se perdieron 5% de las frecuencias” y aseguraron que las cifras “se irán incrementando”.
“No podremos garantizar la continuidad de las fuentes laborales hasta tanto se resuelva como y quien paga por este transporte que emplea a 50.000 trabajadores, que moviliza casi 10 millones de pasajeros diarios, y cuya tarifa cubre solo un 20% del costo real”, advirtieron.
“Si bien desde el 12/8/24 se ajustó la tarifa en 37%, se recuerda que esto es un mecanismo que utiliza el regulador para ahorrar subsidios, por lo que no tiene impacto sobre las economías de las empresas”, señalaron.
Y detallaron: “Entre tarifa y subsidios los operadores recibimos $862 promedio por viaje, lo cual lejos está de cubrir las necesidades de inversión que demanda un sistema del tamaño del AMBA, con las responsabilidades civiles que ello conlleva”.